Educación adjudicó los dispositivos a Bechtle, socia de tres empresas señaladas por Who Profits, y a Seidor, controlada por el Carlyle de los Bush, dentro de un contrato que ya en 2023 reservaba 12,7 millones para grabar imagen y sonido en clase y que siguió ejecutando después de que los sindicatos denunciaran que se instalaban sin avisar a los centros.